El reto contra la tortura es verificar el cumplimiento de la ley: especialista
México posee leyes contra la tortura, pero el desafío radica en verificar su cumplimiento. El académico José Francisco Salazar afirmó que el Estado debe actuar como garante durante toda la cadena de custodia, asumiendo la responsabilidad de investigar los casos, medir la prevención y reducir la presión en las cárceles
El Estado mexicana ya cuenta con una normativa específica para prevenir la tortura, sin embargo, el reto es volverla una práctica verificable, explicó el doctor José Francisco Salazar González durante la charla «Retos y perspectivas para una protección efectiva» que formó parte del Observatorio de Personas Privadas de la Libertad y Combate a la Tortura.
Salazar González enfatizó que la obligación del Estado va más allá de “no torturar», sino que debe organizar la custodia para que la tortura sea prevenible, detectable e investigable.
«La relación de custodia coloca al Estado en una posición especial de garante», indicó durante la plática realizada este jueves 10 de septiembre en la Casa de los Saberes Jurídicos.
El académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) explicó que hay quienes son privados de la libertad y son torturados por los cuerpos policíacos.
«Sin embargo esto también se da en contubernio con la delincuencia organizada y por esta última cuando se presentan los levantones y detona en otro problema social que es la desaparición forzada», indicó.
Los retos contra la tortura
El especialista remarcó que hay tres retos en materia de tortura; el primero es que ésta no empieza ni termina con el golpe, ya que el riesgo se construye a lo largo de toda la cadena de custodia:
- Detención
- Traslado
- Ingreso
- Custodia
- Denuncia
El segundo reto es investigar cuando el Estado controla el lugar y buena parte de la prueba. Cuando hay indicios la pregunta no es: ¿puede probarlo la víctima?, sino, ¿Qué hizo el Estado para esclarecerlo?
Por último, también deben revisarse las condiciones de detención para evitar que se conviertan en maltrato (hacinamiento, salud, agua, higiene, aislamiento o violencia).
Las propuestas
El doctor José Francisco Salazar González detalló cinco decisiones para pasar de la recomendación al cumplimiento:
- Medir prevención, no solamente seguridad
- Seguimiento con responsable y plazo
- Autonomía de la documentación
- Reducir presión carcelaria
- Incluir a quienes viven el sistema
También participaron el maestro Mario Lamas Guzmán del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Juez Juan José Rodríguez Velarde del Órgano de Administración Judicial (OAJ), magistrado Iván Lievich Guillén Grajeda y el maestro Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
