El caso de Eli Castro, que percibía un salario mensual de 73 mil 784.98 pesos por asesorar técnicamente al SIAPA y la posterior terminación de su contrato tras el debate en la esfera pública, genera la coyuntura para discutir sobre los excesivos sueldos de funcionarios de alto rango.
Por ley, nadie puede tener un salario bruto mensual más alto que la presidenta Claudia Sheinbaum: 191 mil 846 pesos, o que el gobernador Pablo Lemus: 157 mil 885 pesos. Solo quienes se acercan a recibir estos ingresos son los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que ganan 118 mil 214 pesos; o el alcalde de Zapopan Juan José Frangie (el que tiene mayor sueldo de toda el Área Metropolitana de Guadalajara), con 133 mil 439 pesos.
Para tener un diagnóstico más amplio de la élite salarial a la que pertenecía Eli Castro, analicé las nóminas de algunas instancias públicas para saber cuántos funcionarios y servidores públicos tienen remuneración más alta que la ex asesora técnica del SIAPA:
- En el SIAPA, solamente dos de 3 mil 129.
- Entre casi todas las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, nueve de 11 mil 268.
- En el Supremo Tribunal de Justicia, 34 de 785.
- En el Congreso del Estado, 35 de mil 109.
- En el Ayuntamiento de Zapopan, 35 de 10 mil 775.
- En el Ayuntamiento de Guadalajara, 37 de 12 mil 058.
- En el Ayuntamiento de Tlaquepaque, 26 de 2 mil 022.
- En el Ayuntamiento de Tlajomulco, tres de 4 mil 367.
- Más que cualquiera de los mil 511 empleados del Ayuntamiento de Tonalá.
Es decir, de 47 mil 024 salarios recopilados solamente 181 superaban el salario de la conductora. Policías, bomberos, algunos titulares de dependencias o asesores técnicos están lejos de los ingresos de Eli Castro.
Entre los criterios que las leyes establecen para pagar cierta cantidad a sus funcionarios está la antigüedad, capacidad, nivel académico, productividad y responsabilidad. Pero más allá de evaluar o justificar la utilidad de sus funciones dentro del SIAPA, o donde fuera que realizara sus tareas, expondré la notoria desigualdad con las remuneraciones de la mayoría de la población en México.
Gobernantes ricos, pueblo pobre
El despilfarro de los salarios dorados en el gobierno es evidencia fehaciente de la desigualdad económica en México. La distancia de sus ingresos es abismal comparada con el salario promedio en México: 7 mil 370 pesos. Se incrementa aún más tomando de referencia la Línea de Pobreza por Ingresos (valor mensual de la canasta alimentaria más la no alimentaria por persona establecido por el Coneval), que es de 3 mil 930 pesos.
Una perspectiva más sobresale desde los ingresos promedio de la población ocupada: poco menos del 10% de la población ocupada gana más de 5 salarios (20 mil 994 pesos mensuales o más), mientras que un 69% gana máximo 16 mil 728 pesos, según datos del INEGI.
Con este panorama, no sorprende que la función pública siga siendo un espacio de enriquecimiento y acceso al poder, y no de vocación para generar un cambio público positivo. Esto debería representar una alerta para revisar los tabuladores que regulan los salarios y se revalúe cuánto vale el trabajo en gobierno.
Recientemente se han creado leyes y se han hecho reformas relacionadas a la austeridad que han buscado obligar a funcionarios a topar su sueldo, sin éxito. Cada vacío o interpretación a conveniencia de las leyes y reglamentos siguen dejando libre paso a funcionarios sin escrúpulos que han logrado mantener remuneraciones exorbitantes.
En Jalisco, el organismo encargado para regular este tema es el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, el cual fija el valor de los ingresos de acuerdo con las atribuciones y obligaciones de los funcionarios y servidores públicos, la naturaleza e importancia de la función y al riesgo de sufrir daño físico; debiendo garantizar la equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones. Letra claramente muerta en la práctica.
Una fortaleza del Comité es que tiene entre sus integrantes a especialistas en Gestión y Administración Pública o en Ciencias Políticas y de Gobierno de la UdeG, Univa, UAG, ITESO y UP, desde quienes podría haber un mayor conocimiento independiente para cuestionar el tema. Pero una debilidad es que también forman parte los propios funcionarios públicos de más alto nivel, lo cual espanta las posibilidades de abordar el tema a profundidad.
Empero, los nombres de los especialistas y las actas de las reuniones son un misterio, ya que no existe ningún portal de transparencia del comité que lo transparente.
Otra área de oportunidad valiosa es que la Ley para los Servidores Públicos indica que el sueldo para los servidores públicos será determinado anualmente, justamente en este periodo del año, por el Comité que debería sesionar para emitir recomendaciones a más tardar el 15 julio.
Quizá una discusión seria sobre los tabuladores salariales y tope a los sueldos provoque que vividoras del erario como Eli Castro y el resto de las personas que siguen dentro de la nómina se alejen a otros ámbitos donde sus ambiciones no afecten la gestión pública.
