Si desaparece el Itei, ¿qué pasa con la transparencia en Jalisco?

La iniciativa constitucional que incluye la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), avanzó en el pleno de la Cámara de Diputados en primera lectura. Aunque todavía falta que la iniciativa sea avalada, y posteriormente revisada por el Senado, las leyes generales afectarían a los estados, y en la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei).

La presidenta del Itei, Olga Navarro Benavides, lamentó la situación y adelantó que los sujetos obligados serían juez y parte; es decir asumirían el rol de los organismos autónomos, que son los que dan trámite a los recursos de transparencia y de revisión cuando los ciudadanos no están conformes con las respuestas que se otorgan.

Navarro Benavides abundó en que tienen conocimiento que el próximo 14 de noviembre se tendrá el proceso completo de aprobación de la reforma constitucional, y, de ser así, los estados tendrían 90 días naturales para adecuar las leyes estatales, para la extinción de los autónomos en los estados.

La presidenta precisó que siguen trabajando a pesar de las circunstancias, con el objetivo de buscar defender los derechos de acceso a la información hasta el último minuto, y con miras a capacitar a los 580 sujetos obligados que existen en la entidad.

“No tanto para cuidar la chamba porque la chamba se va a acabar, sino para atender en lo que creemos realmente que son los derechos de las y los ciudadanos que se acercan a nosotros para conseguir la información”, explicó.

-Presidenta, el Itei o el Inai son las instancias que reciben los recursos de transparencia y revisión cuando los sujetos obligados incumplen. ¿Quién va a revisar o sancionar si el sujeto obligado no quiere dar la información?

-La propuesta de reforma lo que contempla es que la Secretaría de la Función Pública cambia. Ya tienen lista la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal para hacer estas adecuaciones en la secretarias, y lo que es la Secretaría de la Función Pública migra a ser la Secretaría de Anticorrupción y Buen gobierno y se queda con lo que es la política de transparencia. Mantiene el Sistema Nacional Anticorrupción (…) se queda con todas las facultades ya en materia de acceso a la información, no así de protección de datos personales.

Se ha hablado extraoficialmente -no hay todavía un documento que lo valide-, que probablemente será la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), quien asuma las funciones de defensa y garantía del derecho de protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Todavía no se sabe qué va a pasar con la protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El dictamen sí habla respecto a la posibilidad que los propios sujetos obligados absorban en cuanto a datos personales en posesión de autoridades esas atribuciones, pero todavía no dice cómo que podrán recibir las solicitudes ni cómo se van a substanciar los medios de impugnación o las quejas ciudadanas por así decirlo que eventualmente lleguen, cómo vas el ejercicio de los derechos ARCO (Ejercicio de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

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– ¿Quién recibirá los medios de impugnación?

-La Secretaría Anticorrupción, y a nivel estatal la contraloría de cada sujeto obligado; es decir para el Ejecutivo del Estado, la Contraloría será la encargada de recibir las quejas ciudadanas y los medios de impugnación que prevean las nuevas leyes, así como de darles trámite, seguimiento y atención. Digamos que existirá un mini Itei en la Contraloría en cuanto a la definición y a la respuesta de los medios de impugnación.

Sobre el Poder Judicial, no lo dice la legislación, pero el Consejo de la Judicatura seguramente tendrá sus procesos para recibir las quejas ciudadanas y en el Legislativo pues habrá que ver también si será el Órgano Interno de Control o le trasladan la atribución a la auditoría.

-En la proyección del presupuesto 2025 para Jalisco se contemplan los recursos para el Itei, ¿Qué pasará si desaparece?

-Tenemos una aprobación inicial de un techo presupuestal que tendrá que ser aprobado porque ahorita seguimos existiendo, la reforma no se ha concretado, pero una vez que se concrete a lo mejor sí podrán entrar a mesas de trabajo para ver qué va a pasar con el presupuesto que fue definido para el Instituto. Nosotros esperamos que se hable de indemnizaciones para el personal o ver la posibilidad de apoyar en lo más que se pueda a las personas que trabajan aquí en tanto se define hacia dónde se tendrían que decantar con base en la legislación que venga y con base en las atribuciones de las áreas.

Según las competencias que existan para los sujetos obligados y sus órganos internos de control podremos saber si alguien del personal se puede ir a esas áreas. Estamos muy conscientes que los comisionados no, se termina nuestro nombramiento y es ahora sí que ya la voluntad del Ejecutivo del Legislativo ver qué va a pasar con el patrimonio de la institución, con base en el grupo liquidador que se genere para el efecto.

Estamos completamente a ciegas en torno a lo que viene para la totalidad del personal de la institución y estamos esperando a ver cómo se desarrolla esta Ley General, qué efectos tiene ya en la ley estatal y ya cuando tengamos esa información podríamos abundar más sobre el tema.

-¿Qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia?

-Desaparece la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que afectará a los periodistas y los ciudadanos, a todos nos ha dolido desde la primera vez. La plataforma se atomiza, parte de ella se queda en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, parte de ella posiblemente en la Profeco. También Hacienda se lleva una parte, se atomiza por completo y cada sujeto obligado de cada entidad tendrá que resolver cuál va a ser su plataforma, cuál va a ser su sistema de atención a solicitudes de información. Esperemos que la ley secundaria de cada entidad federativa sea lo suficiente clara en torno a estos procesos porque pensamos que la Ley General no va a dar ya un piso parejo como lo tenemos hoy en día respecto al cómo acceder a la información.

-Presidenta, ¿esto es un retroceso? con todo lo que se ha avanzado para consolidar la PNT

-Absolutamente. Si cada sujeto obligado va a determinar el cómo recibe solicitudes, cómo las responde y después la gente se queja con ese mismo sujeto obligado a través del órgano interno de control, va a quedar bastante evidente, o no, la autonomía que tengan los órganos internos de control respecto al titular del sujeto obligado y si realmente hace su trabajo bien, de los contrario, los ciudadanos se quedan prácticamente en completo estado de indefensión.

Vienen retos interesantes, aún hay un poco de esperanza en torno a las modificaciones en las reservas del dictamen, que los grupos de posición puedan proponer. Que se puedan modificar los transitorios para que den más tiempo a todos estos cambios que vienen, o en su defecto que faciliten que las entidades federativas puedan tener facultad de qué va a pasar con los medios de impugnación en los distintos órganos internos de control.

-¿Ya es un hecho la desaparición?

-Sí, si se aprueba el dictamen como está, para el 14 de noviembre tendríamos la reforma constitucional aprobada por diputados, por senadores, por los estados y entonces habrá que transitar hacia la Ley General. Entonces pasaría lo de la extinción del Inai y entraría ya el tiempo en contra para los estados, de 90 días naturales.

Nosotros definitivamente estamos mucho más allá del tema político, realmente creemos en el bien común, en los derechos humanos y esperamos de corazón que eventualmente esto se revierta porque hay que recordar que el poder no es para siempre para ningún color, para ninguna persona.