Por: Julio Ríos* (@julio_rios)
La iniciativa de reforma constitucional en materia de transparencia que se discute en el Congreso de la Unión no elimina el derecho de acceso a la información ni quita la obligación de publicar y responder solicitudes, pero elimina el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública (INAI) y sus símiles en los estados.
El objetivo es ahorrar los mil millones de pesos que cuesta el INAI, haciendo que cada sujeto obligado se encargue de la transparencia. Las quejas se presentarán ante diversas dependencias de los tres poderes. Por ejemplo, si una persona solicita información a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y esta niega la petición, tendrá que presentar un recurso ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Si los partidos políticos no transparentan información, el ciudadano deberá acudir al nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
En el Poder Legislativo, el órgano de control interno conocerá de las quejas, y en el Poder Judicial la tutela de la transparencia corresponderá al Tribunal de Disciplina Judicial. En los estados, la idea es desaparecer los órganos garantes locales y que los recursos de inconformidad se presenten ante las contralorías. Si el ciudadano no encuentra eco en esas instancias, tendrá que acudir a los tribunales de justicia administrativa o al juicio de amparo, con los costos y tiempos que implica ese calvario.
Pensar que la clase política va a castigarse a sí misma es ingenuo. Si de por sí, con un órgano garante, ya encontraban maneras de negar información o de plano desacatar resoluciones, sin él, la situación empeorará. El secreto ha sido históricamente una fuente de poder. La rendición de cuentas requiere información, justificación y castigo. La autoridad debe informar y explicar sus decisiones, y si no lo hace, debe haber sanciones. Esto es conocido como enforcement.
Para evitar que el gobierno fuera juez y parte, se creó en 2002 un órgano garante para el derecho de acceso a la información, el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos), que en 2014 se convirtió en INAI. Era necesario porque la Ley de Transparencia por sí sola no era suficiente, se necesitaba un organismo que obligara a la clase política a cumplir.
Que el INAI haya logrado su cometido es debatible. Es verdad que ellos mismos dinamitaron el terreno para su desaparición con sonoros escándalos. Pero aún así, eliminarlo y dispersar sus funciones en el aparato burocrático es otra cosa. Deberían haberlo transformado políticamente, financieramente y éticamente.
¿Qué ventaja tiene un órgano autónomo garante en materia de transparencia? Para empezar, que el gobierno no sea juez y parte. Es un estándar internacional aceptado, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes contra Chile. La ONU, la OEA y la OSCE también lo han establecido en una declaración conjunta de 2004.
La autonomía del órgano respecto al Poder Judicial también garantizaba que las resoluciones fueran inatacables y que los funcionarios no echaran mano de recursos legales para obstaculizar un derecho fundamental.
Además, un organismo autónomo facilita la presentación de recursos de revisión en una “ventanilla única”, simplificando el proceso para los ciudadanos. Sin embargo, dispersar la obligación de vigilar y sancionar entre muchos implica que, en realidad, no será responsabilidad de nadie.
No defiendo ciegamente al INAI o algunos órganos garantes, pero durante años la élite de la transparencia se sintió intocable. Blindados por la Constitución, no se preocuparon por salir de su burbuja, democratizar, simplificar y divulgar el ejercicio del derecho de acceso a la información. En su lugar, lo academizaron en exceso y se la pasaban en reuniones endogámicas, entre sonrisas y palmaditas en la espalda. Jamás se preocuparon por que la sociedad los considerara suyos y los protegiera, a diferencia del INE, cuya defensa logró convocar manifestaciones más o menos numerosas (aunque había gente que no entendiera a qué iba a esas famosas marchas de la marea rosa).
En los peores casos, hubo personajes que incurrieron en excesos, como gastos suntuosos y hasta el uso de tarjetas de crédito institucionales en clubes nocturnos. Pero lo más grave es que, el sistema de cuates y cuotas, y el contubernio con los grupos políticos jamás se pudo erradicar.
A todo esto, se suma que los perfiles de los comisionados perdieron calidad con el tiempo. Ya ni caso tiene comparar a algunos de los perfiles que llegaron en los últimos diez años con los reputados fundadores del IFAI, auténticas figuras de la academia y la intelectualidad.
Sin embargo, las instituciones deben permanecer, independientemente del actuar de sus integrantes. En todo caso deberían haberse destituido a los responsables y haberlos sancionado, en lugar de eliminar el INAI de un plumazo.
Un borrón y cuenta nueva era justificado y necesario. Limpia total del pleno y de algunos directivos, simplificación administrativa, mejora regulatoria, servicio profesional de carrera, medidas de austeridad y eficiencia en el gasto. Por ejemplo, las multas que el INAI cobra por violaciones de protección de datos personales podrían ir a una bolsa que se reutilice en el organismo. Aunque 60 millones de pesos al año que se generan en promedio por esas sanciones a particulares, no son suficientes, también ayudan.
Y como los grupos políticos nunca soltaron el control sobre la designación de comisionados, el proceso se podría mejorar con exámenes de conocimientos, evaluación curricular y una insaculación. También me parecía sensato reducir el pleno de siete a cinco comisionados. Y por supuesto, nunca hace mal un cambio de nombre a la institución. De que había maneras de rescatar al INAI sin eliminarlo, las había.
Hoy, los titulares de los órganos garantes saben que esta es una batalla perdida y solo cabildean para obtener más tiempo para cerrar cuentas y pendientes, pues el dictamen contempla 90 días para que estos institutos bajen la cortina.
En al aire quedan varias dudas sobre quién operará la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), quién protegerá los datos personales en manos de particulares, cuáles serán los plazos de entrega y cómo se garantizarán.
Con todo, parece que la tutela de la transparencia quedará huérfana.
Porque, como dice un viejo refrán: “Responsabilidad de muchos, responsabilidad de nadie”.
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*El autor es Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara y profesor en la misma institución. Cuenta con estudios como abogado y licenciado en periodismo. Actualmente dirige la estación 104.3 de F.M. de Radio UdeG en Guadalajara. Ha publicado artículos en revistas especializadas en la materia, he impartido conferencias en el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), el Instituto Duranguense de Acceso a la Información (IDAIP), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Casa de la cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en Jalisco, así como en diversas universidades. En 2021 fue integrante de la terna finalista al cargo de comisionado ciudadano del ITEI, con la segunda mejor calificación en el examen de conocimientos.
