Estos son los alcaldes de Jalisco con más sanciones por opacidad

Arturo Uribe Pérez Rulfo, presidente municipal de Tonaya; Eva María Rubio, presidenta municipal de Mixtlán, y José Cruz Arias Reyes, alcalde de Zapotitlán de Vadillo, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), son los más multados por omisiones en transparencia, según lo reportado en las primeras seis sesiones del año del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei).

Los otros titulares del ejecutivo municipal que han sido sancionados este año son Miguel Ángel Silva, de Cabo Corrientes; Armando Sención, de Villa Corona; Luis Alberto Michel, de Puerto Vallarta, y Sofía Asunción López Palacios, de Tolimán.

Olga Navarro, presidenta del Itei, detalla que las multas ocurren principalmente porque no publican información fundamental en los portales, pese a que se les ha solicitado previamente mediante las distintas medidas de apremio.

Por ejemplo, en octubre de 2023, el Itei emitió 32 amonestaciones públicas para José Cruz Arias Reyes, presidente municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán de Vadillo, por no publicar información fundamental en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente al periodo del 2020 y hasta octubre del año pasado. En esa misma sesión informaron de 30 amonestaciones para Arturo Uribe Pérez Rulfo, presidente municipal del Ayuntamiento de Tonaya, por ese mismo motivo.

Por otro lado, Jonathan Jesús López, titular de la Unidad de Transparencia de Ahualulco de Mercado, es el servidor público con la sanción más cuantiosa, ya que el pasado 31 de enero recibió 18 multas por 150 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), por un total de 280 mil 108 pesos, según datos del Itei. El mismo servidor público recibió 22 amonestaciones públicas.

¿Qué es información fundamental?

De acuerdo con el glosario del Itei, la información fundamental es la información pública de libre acceso que debe publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de parte interesada.

«Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas«, describe el Itei.