Presidenta del Itei propone candados contra corrupción y opacidad

A 39 días del plazo para que la entidad armonice los cambios constitucionales en materia de transparencia y protección de datos personales, fijado para el próximo 20 de junio, se le preguntó a la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), Olga Navarro Benavides, responde sobre cuáles son los lineamientos generales que se deben respetar en la ley secundaria, y qué pueden plantear las y los legisladores jaliscienses para abonar en la protección de los derechos.

Entra las cuestiones más novedosas, la presidenta plantea candados para evitar opacidad tanto en los casos relacionados con la corrupción y también para evitar que los sujetos obligados, que se convertirán en juez y parte, condicionen el trabajo de los empleados en las áreas de transparencia.

Nota relacionada: Urgen a discutir ley estatal y crear mesas para extinguir al Itei

-La Evidencia ¿Qué aspectos no se deben dejar fuera de esta armonización?

-Respuesta Olga Navarro Benavides (ONB): “La competencia de atribuciones, de cada autoridad garante, debe quedar clarísima, para que no haya margen de duda o de error respecto a quién va a recibir las quejas del ciudadano, para no dejarlos en estado de indefensión.

El catálogo de información fundamental no se debe reducir; al contrario, se tiene que ampliar porque en las solicitudes de información se han encontrado ciertas áreas de oportunidad en cuanto a la información que la gente quiere saber que no necesariamente está en ese catálogo. Entonces, si ya las detectaron que una constante que se incluyan, que eso es fundamental.

También, haciendo eco de las palabras del ex comisionado presidente Adrián Alcalá, que estuvo aquí en Jalisco y nos dio una conferencia justo de la experiencia adquirida en este proceso de extinción, vemos importante el tema de la apertura de información cuando se trate de hechos de corrupción. La Ley General establece que, diferente a lo que antes teníamos, no se podrá abrir información vinculada a temas de corrupción o a casos de corrupción, si no ha sido debidamente acreditado mediante sentencia.

Si no hay una sentencia en un tema de corrupción, no vamos a poder conocer la información, lo cual es ilógico, porque el espíritu del sentido de tener la información que presumiblemente va a derivar o derivó en un hecho de corrupción es la herramienta que tienen las y los ciudadanos para llevarla a la Fiscalía Anticorrupción, a las entidades correspondientes para iniciar una denuncia y que se pueda sancionar a los responsables”.

Te puede interesar: ¿Es viable la creación del Instituto Jalisciense de Transparencia?

-La Evidencia: ¿eso se podría especificar desde la ley estatal?

Respuesta ONB: «Se puede revisar la parte de sí mantener el tema de la apertura de información vinculada a hechos de corrupción. Habrá que revisar, que no haya conflicto de leyes, que se contraponga a lo mandatado por la Ley General, pero creo que Jalisco podría dar un paso adelante.

Considero importante que se mantengan los plazos legales tanto de solicitar información como de los diferentes medios de impugnación de estas quejas ciudadanas.

En Jalisco hay que recordar que son 8 días hábiles, realmente son pocos días comparado con otros estados en los que se hace la entrega de la información. Creo que esos tiempos legales no se deben perder e incluso se podrían reducir.

También mantener la participación ciudadana a través de consejos consultivos es importantísimo y necesario para que ellos revisen que los perfiles que van a entrar a trabajar sean los mejores, que acrediten experiencia y conocimientos.

Además, México Evalúa tuvo una iniciativa de decir: ¿Por qué no un desconcentrado con varias personas que tomen decisiones, que no sea un tema unilateral de una persona que sea titular de este organismo desconcentrado nuevo, sino un mini colegiado? Esa colegialidad te da mucha más objetividad«.

-La Evidencia: ¿qué se puede proponer ahora que los sujetos obligados serán juez y parte?

-Respuesta ONB: “Que se tomen en cuenta las amonestaciones. Como se van a convertir en juez y parte los sujetos obligados, los funcionarios pueden decir que ellos son su propio gobierno porque le pagan al director del órgano interno de control y los pueden empezar a complicar, presupuestalmente hablando, para hacer que les favorezcan… se puede presentar esa situación.

Si en cambio nosotros ponemos un candado, para que nadie que haya sido amonestado por la autoridad garante local nueva puede tener un puesto público, se ponen las pilas. Ahorita es momento de endurecer las sanciones y las penas para que, si la autoridad no tiene la voluntad, sí tenga el miedo de incurrir en responsabilidad y recibir ese tipo de sanciones«.

–La Evidencia: ¿cómo se plantea el tema de la tecnología?

Respuesta ONB: «No se puede perder el acceso a la información a través de medios electrónicos. Incluso he planteado ante la Contraloría del Estado que, si por algún motivo no se puede participar en la Plataforma Nacional de Transparencia, hay que pensar una Plataforma Estatal de Transparencia o incluso en una Agencia Digital que revise, ya no solamente el acceso a la información como lo conocemos, sino que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de información también faciliten esta garantía de derechos.

Y se debe retomar de la propia Ley General la atención prioritaria a grupos vulnerables y traducir a lenguas indígenas prácticamente todos los documentos que se utilizan tanto para solicitar información como para resolver medios de impugnación. Eso ya lo tenemos, pero lo podemos reforzar y considerar una dirección o un área de inclusión. Creo que es importantísimo. Nosotros lo pedimos para este Instituto, desafortunadamente pero presupuestalmente no se pudo en este año«.