¿Es viable la creación del Instituto Jalisciense de Transparencia?

En enero pasado, el diputado panista César Madrigal presentó una propuesta ante el Congreso del Estado, para crear el Instituto Jalisciense de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (IJALTEI).

Al respecto, la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), Olga Navarro Benavides, actualiza qué opina de la propuesta y si ésta es posible luego de la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Diario Oficial de la Federación.

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-La Evidencia: ¿considera que es viable tener un nuevo Instituto de Transparencia en Jalisco?

-Respuesta Olga Navarro Benavides (ONB): “Yo respeto mucho el trabajo del diputado, también le agradezco que esté pensando en cómo ayudar a las y los jaliscienses, que estoy segura de que es su intención; sin embargo, a la luz de lo que nos da el marco legal vigente, que es la reforma al artículo sexto constitucional nacional y ahora la Ley General nos amarra mucho para poder tener una posibilidad de esa naturaleza.

El artículo tercero de la Ley General aprobada ya nos establece qué se entiende por una autoridad garante local. Y nos dice que son las contralorías u homólogos encargados de la fiscalización o revisión en cada estado.

Entonces, si nosotros proponemos un organismo autónomo para Jalisco, estamos en contra de una disposición de una Ley General. Y va a haber un conflicto de leyes. Incluso puede ser un conflicto constitucional, porque la propia Constitución en las reformas se establece quiénes son las autoridades garantes locales.

También en el 134 constitucional, en la modificación que hicieron, dejaron en claro que el espíritu de esta nueva ley es que se extingan los organismos autónomos, tanto federal como local y que se evite la duplicidad de funciones. Entonces, si entran a estudiar nuestra ley que le da vida a un autónomo y por otro lado tienes órganos internos de control en la Ley General, que son las autoridades garantes, puede llegar el momento en que increpen al Gobierno del Estado o a los legisladores de Jalisco en ¿por qué se están duplicando funciones con un autónomo cuando en principio ya hay autoridades propiamente instaladas en los propios sujetos obligados que son los órganos internos de control para salvaguardar estos derechos. Es magnífico lo que está buscando el diputado, que es esta garantía de los derechos, pero en términos legales yo sí veo complicado el que se pueda dar”.

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-La Evidencia: ¿qué va a pasar con los municipios que no tienen órganos internos de control?

-Respuesta ONB: “Los legisladores, previendo esta situación, determinaron que los órganos o las contralorías u homólogos de cada estado del ejecutivo estatal se van a encargar de resolver los medios de impugnación de los municipios. Eso es la Contraloría estatal.

Esa lógica nos la explicaban desde la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que, de manera subsidiaria, la Contraloría estatal pueda resolver temas municipales. Sin embargo, estamos viendo en Chihuahua que las y los presidentes municipales del Partido Acción Nacional sumaron a varios homólogos de diferentes entidades federativas para interponer una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a que se está violentando el artículo 115 constitucional que habla de la soberanía, independencia y autonomía de los municipios y de los órdenes de gobierno.

De alguna manera están preocupados de que el gobierno en turno, que no comparta la ideología política del resto de los municipios, vaya a resolver sobre temas municipales. Es una preocupación válida y legítima. Estamos obviamente a la espera de ver qué determina la Suprema Corte en este sentido, porque evidentemente, aunque ahorita está en Chihuahua, es posible que algo parecido suceda en otras entidades federativas”.

– La Evidencia: con la extinción del Itei ¿qué pasará con todos los datos que tiene el organismo?

-Respuesta Olga Navarro Benavides (ONB): “En principio, siguiendo la Ley General, el Instituto de Transparencia hace una entrega-recepción formal a la Contraloría del Estado, que es la nueva autoridad garante, así determinada por la propia constitución federal.

Nosotros vamos a hacer entrega a la Contraloría de todos los expedientes, todos los expedientes ya resueltos y de los trámites o los temas pendientes. La Contraloría una vez que asuma y adquiera la titularidad de toda esta información, tendrá que entregarles entonces a las diferentes autoridades garantes locales de cada sujeto obligado.

Es decir; si hay un expediente vinculado a la opacidad de un partido político, tendrá que entregarlo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que lo resuelva a través de su órgano interno de control. Si es un expediente que tiene el Itei respecto a sindicatos, y que ya entregó a la Contraloría que todavía no está resuelto, tendrá que ser a través de la Junta de Conciliación Laboral.

Se va a tener que entregar por materia, por la naturaleza del expediente a la autoridad competente desde la Contraloría del Estado. Es un proceso complejo, por eso estoy solicitando una mesa de trabajo, porque una cosa es ya cómo queda conforme a la autoridad y otra muy diferente es la operación desde el día 0, cuando entre en vigor la nueva ley estatal de transparencia en la materia.

Además, hay que recordar que no estamos hablando únicamente del acceso a la información, también está la protección de datos personales, que corre la misma suerte, se tendrá que establecer quién queda como autoridad en la materia y lo mismo. Yo tendré que hacer la transferencia ordenada, cambiar mis avisos de privacidad y demás documentos legales para poder transferir la totalidad de mis expedientes con todo y los datos personales que allí vienen”.

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-La Evidencia: ¿seguirá funcionando la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)?

-Respuesta ONB: “Lo que nos dice el decreto constitucional federal es que, a partir de entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia, se dieron 15 días hábiles, para que el INAI a través de su grupo liquidador o su comité de transparencia enviara a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno federal la plataforma nacional de transparencia para su custodia y operación.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha manifestado en diferentes ocasiones que todo lo que envió el INAI se ha mantenido; toda la información, códigos, fuente, documentos y expedientes. Nosotros podemos seguir pidiendo información y nos la mandan.

Lo único que está suspendido a nivel federal, no estatal porque nosotros seguimos con la ley vigente y no hay cambios, es la resolución de atención a medios de impugnación de la ciudadanía, en lo que se acaba de entregar la información al INAI.

En el ámbito estatal se puede generar un medio de impugnación a los estados que todavía existen sus institutos, como es el caso de Jalisco… recibir solicitudes, contestar las solicitudes, quejarse de la contestación a través de la PNT, todavía sin ningún problema.