El legado de Enrique Alfaro

Con más de 12 años en puestos ejecutivos que terminarán este 6 de diciembre de 2024 cuando deje la gubernatura, Enrique Alfaro se dedicó construir un legado personal, su legado, y no un gobierno que marcara un hito en la historia política o social de Jalisco, como aseguró que lo haría durante toda su campaña a la gubernatura bajo el concepto de “refundación”.

La opinión de los jaliscienses es un foco para demostrarlo. La encuestadora Demoscopia, señala que, al arribar a la gubernatura, en diciembre de 2018, tenía una aprobación de 43.3%, y en el último mes registrado de septiembre de 2024 tuvo apenas un 26.3% de aprobación.

Cada mes que pasaba, su tolerancia ante las críticas se reducía y su reacción encolerizada crecía, hasta que su gobierno se caracterizó por el despotismo contra quien lo cuestionara y otros aspectos particularmente llamativos:

Alfaro en la farándula

Una muestra es el uso de instancias y presupuesto público en temas intrascendentes socialmente pero que sirvieron para alimentar su ego, como si se tratara de un personaje de la farándula.

Pagó 1.2 millones de pesos (mdp) para difundir un spot de Sergio Checo Pérez, piloto de Fórmula 1, sobre su quinto Informe de Gobierno. Y solo en la temporada 2022 de la Fórmula 1 pagó 13 mdp para promover Jalisco como destino turístico. Y otros 25 mdp para que Sergio Pérez se convirtiera en embajador de Jalisco. Alfaro no dejó pasar la oportunidad de tomarse fotos y grabar videos con el piloto tapatío.

Recientemente, pagó 8.7 mdp a la Federación Mexicana de Futbol por el partido de la Selección Mexicana contra la de Estados Unidos. De la misma manera, Alfaro se lució con una conferencia de prensa junto al director técnico Javier Aguirre.

En pocas palabras, utilizó el aparato de gobierno para tener reflectores en el espectáculo o los deportes y, de manera poco exitosa, evadir la crítica de los temas que agobian socialmente a la población en Jalisco.

Alfaro, el proveedor

Además, se dedicó a beneficiar a grupos empresariales allegados a él y su grupo político y de poder no solo a través de licitaciones directas, también lo hizo a través de recursos extraordinarios extraídos vía deuda pública, como ningún otro gobernador se había atrevido.

Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica que, de 2014 a 2019, el promedio de la deuda pública en Jalisco era 27 mil 021 mdp y, entre 2020 y 2023, el promedio subió a 36 mil mdp. Para más fácil comprensión, la deuda por persona en Jalisco era de 3 mil 300 pesos en 2019 y pasó a 4 mil 300 en 2023. Y los beneficios de ésta son poco claros o fehacientes.

Una de sus solicitudes de deuda más cuantiosa por 6 mil 200 mdp validada por el Congreso del Estado durante la pandemia, fue concedida a contratistas a modo, uno de ellos Caabsa.

Un ejemplo más es el programa “A toda máquina”, el cual tuvo un costo de 3 mil 634 mdp para la compra de 596 unidades de maquinaria pesada, que mostró irregularidades investigadas por la Contraloría del Estado (y recopilados por un recuento del ITESO) como:

• La modificación de las bases de la convocatoria.
• La ausencia de representantes de la Sader en la resolución de la asignación de las obras.
• La selección de las empresas finalistas.
• La violación a la ley de compras y su reglamento.
• El ocultamiento de información y la ausencia de un estudio que sustentara la existencia de este programa.

Otros rubros también tuvieron empresas y empresarios beneficiados a modo aprovechándose de lucrar con servicios públicos como el caso del transporte, la atención médica y surtido de medicamentos, la verificación vehicular y muchos más.
 

Alfaro como gestor de la violencia e inseguridad

Desde siempre, Alfaro y su equipo apostaron por atribuir los problemas al otro, al exterior de la entidad, a los intereses de personajes ajenos, sin mirar hacia dentro o reconocer que sus omisiones y decisiones sumieron a Jalisco en la crisis de seguridad en la que estamos.

Prueba de ello es cómo la percepción de inseguridad en Jalisco llegó a los niveles más altos desde 2011. El INEGI documenta el porcentaje más bajo fue de 61.5% en 2012, pero alcanzó un 83.1% en 2020 y en 2024 está en 74.4% por ciento.

Una de las principales causas de la elevada percepción de inseguridad es el registro de delitos de alto impacto: homicidios, secuestro, trata de personas, robo, violación o extorsión; muchos del fuero común. Solo la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Jalisco pasó de 17.4 por año (promedio de 2011 a 2018) a 26.5 por año (promedio de 2019 a 2023). Uno de los más mediáticos fue el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, al cual se le dio “conclusión” de forma apresurada.

En el caso específico del homicidio de mujeres (muchos no clasificados como feminicidios), el promedio anual de 2012 a 2018 fue de 155, y durante la administración alfarista llegó a 222 cada año. Un hito fue feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa, en la puerta de Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador, quien en 16 ocasiones había acudido a buscar ayuda al Centro de Justicia para las Mujeres.

Otro tema delicado para la sociedad jalisciense es la desaparición de personas, que ha escalado en Jalisco durante el sexenio de Alfaro Ramírez hasta destacar a nivel nacional. Del inicio de su gestión a octubre de 2024, Jalisco se ubica en tercer lugar a nivel nacional en desapariciones con 13 mil 516, solo detrás del Estado de México y Nuevo León.

Y a pesar de las cifras delatadoras, Alfaro se ha empecinado con desmarcarse y alejarse del diálogo y atención a las familias de las víctimas, y a señalarlas de promover “intereses políticos” en contra de su movimiento o criminalizar a las mismas víctimas; en contraparte, ha simulado la ejecución de políticas y programas insuficientes para atender el problema de fondo.

Además, ha sido capaz de permitir un uso criminal de la violencia del Estado, como sucedió con las manifestaciones del 5 de junio de 2020, cuando la Fiscalía cometió desaparición forzada de jóvenes manifestantes, de las cuales el gobernador aseguró que la orden procedió de funcionarios de la fiscalía coludidos con el crimen organizado.

De esta manera, Enrique Alfaro cavó su propia tumba política y parece difícil que revierta la imagen con la que se va y regrese al Enrique Alfaro con el respaldo y legitimidad que tenía en 2018. Como él ignoró los intereses de la sociedad jalisciense, la sociedad también le dio la espalda.

A pesar de su juventud política su futuro peligra, pero eso será tema de la siguiente columna de “Experto en todo”.