Impuestos a extranjeros en Puerto Vallarta, ¿reducirán el turismo?

Más allá de las justificaciones que se expusieron en la iniciativa para cobrar un impuesto a turistas extranjeros que ingresen a Puerto Vallarta vía aérea o marítima, validada el 13 de febrero en el Congreso de Jalisco, hay argumentos económicos, socioculturales y de gestión gubernamental de sobra.

En Puerto Vallarta viven 291 mil 839 habitantes, y tan solo en 2024 acudieron 2.02 millones de turistas extranjeros, cuya estadía implica un desgaste para los servicios públicos del municipio: generan residuos, requieren de seguridad pública, entre otros, que no pagan.

Si bien podría considerarse ya realizan una aportación indirecta de estos servicios públicos a través del pago de hoteles o estadías y las aerolíneas y cruceros, la realidad es que es una cantidad mínima que realmente se dirige a mejorar la zona gris que existe entre los servicios privados que ofrecen las empresas y los servicios públicos involucrados directamente con sus instalaciones, como podría ser el mantenimiento de las calles o avenidas circundantes a hoteles o aeropuertos. 

El turismo extranjero en Puerto Vallarta generó una derrama económica de 24 mil millones de pesos (mdp) en 2024, aunque se queda en los bolsillos de grandes empresarios. Considerando esas proporciones, los 200 o 300 mdp que se espera recaudar al año con el nuevo impuesto, según el alcalde Luis Ernesto Munguía, hasta parece poco para el costo que implica mantener todos los servicios turísticos. 
El monto de 141.4 pesos que se cobrarán de manera anual y posiblemente opcional, como recientemente lo planteó el alcalde Luis Ernesto Munguía, también puede ser poco representativo económicamente para turistas extranjeros con mejor poder adquisitivo. La población de Estados Unidos y Canadá, de donde proceden la mayoría de los turistas a Puerto Vallarta, tiene de tres a cuatro veces más poder adquisitivo que los mexicanos.

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El servilismo al extranjero adinerado

Parte de la crítica hacia este impuesto es que puede inhibir la afluencia del turismo que podría cambiar su percepción al cambiar un “destino gratuito”. La realidad es que este tipo de impuestos son comunes en varias regiones del mundo. Aunque desde México hacia el extranjero es un asunto “normal” porque históricamente ha sucedido así o porque “lo extranjero vale más o es mejor” y por consiguiente se asume con naturalidad el pago de los gravámenes. 

De hecho, medidas como las visas para ingresar a Estados Unidos tienen sus orígenes en cuestiones de seguridad y control migratorio que, a su vez, se basan en prejuicios discriminatorios hacia población de otros países; y aún así el interés por visitar este y otros países, con medidas similares, no ha descendido. 

Yendo más profundo, hasta la historia más antigua nos marca en la actualidad. Vivir cientos de años en un territorio “conquistado”, o mejor dicho invadido, donde se infundió con sangre un servilismo al extranjero que gozaba de todos los derechos hasta para someter prácticamente a quien quisiera, podría explicar las críticas que promueven evitar “ofender” con impuestos a los turistas.
Desde esta perspectiva, el impuesto no parece ser el problema. La crítica también debe hacer las preguntas correctas; por ejemplo, ¿qué tan transparente será la administración de la recaudación, sobre todo tomando en cuenta que se dirigirá a un fideicomiso con participación privada y pública? Y ¿de qué manera se utilizará en beneficio de los servicios públicos para los turistas y los residentes del municipio? Asuntos que sí requerirán un seguimiento puntual.

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