Por: Julio Ríos* (@julio_rios)
Respecto a la propuesta que presentó el diputado panista César Madrigal, ante el Congreso del Estado, para crear el Instituto Jalisciense de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (IJALTEI), que sustituiría al actual ITEI, hay dos posturas jurídicas encontradas:
La primera va en el sentido de que no se pueden ni deben crear nuevos órganos autónomos, porque la garantía del derecho de acceso a la información es de las contralorías, tal y como quedó reformado el artículo 116 constitucional fracción VIII.
No solo morenistas, sino ex comisionados de transparencia detallan que la reforma constitucional recién publicada especifica que la responsabilidad de proteger el derecho de acceso a la información, y delinear las políticas públicas de transparencia, corresponde ya a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que, a nivel estatal, estará a cargo de los órganos de control o contralorías de cada institución, de los municipios, o de los diversos sujetos obligados.
Algunos de ellos añaden que, si acaso, lo único que las entidades federativas podrían hacer -y eso está por verse- es crear consejos ciudadanos, de carácter honorífico, pero solo para emitir sugerencias de política pública.
Platiqué con otros estudiosos del derecho que tienen una segunda lectura jurídica del decreto publicado el 20 de diciembre de 2024. Ellos sostienen que no prohíbe expresamente la existencia de órganos autónomos, a pesar de que pretende eliminarlos. Es decir: lo que no está prohibido está permitido.
Argumentan, además, que crear un órgano autónomo local en materia de acceso a la información (que es un derecho fundamental) va acorde con el principio de progresividad plasmado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también es acorde con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes contra Chile.
Esa resolución internacional fue la que permitió la existencia de órganos autónomos en varios estados, aunque la Constitución mexicana no los contemplara todavía. Un criterio que fue fortalecido con la P./J. 13/2008, de acuerdo con un ensayo realizado por el doctorante en derecho, José Vega Talamantes.
Lo cierto es que todavía falta conocer las reglas de la Ley General de Transparencia, que como su nombre lo dice, será de observancia para todos los sujetos obligados y que aún no ha sido redactada, ni mucho menos dictaminada por el Congreso de la Unión. Ahí se van a dilucidar muchas de las dudas que aún persisten.
Además, recordemos que la misma Ley General que emane del Congreso bien podría ser sujeta a control constitucional, pues si hubiera disposiciones que algunos actores consideren regresivas, sería natural ver una discusión al respecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Solo entonces tendremos la respuesta a la pregunta: ¿El diputado César Madrigal es un visionario? ¿O solo fue otro ejemplo más, de tantos, de iniciativas hechas al vapor para subirse al tren mediático de los temas de coyuntura?
Y es que como dice la sentencia bíblica: El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca.
Ya veremos en cuál de ambos supuestos encaja esta iniciativa que al menos ya sacó a algunos transparentólogos de su marasmo.
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*El autor es Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara y profesor en la misma institución. Cuenta con estudios como abogado y licenciado en periodismo. Actualmente dirige la estación 104.3 de F.M. de Radio UdeG en Guadalajara. Ha publicado artículos en revistas especializadas en la materia, he impartido conferencias en el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), el Instituto Duranguense de Acceso a la Información (IDAIP), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Casa de la cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en Jalisco, así como en diversas universidades. En 2021 fue integrante de la terna finalista al cargo de comisionado ciudadano del ITEI, con la segunda mejor calificación en el examen de conocimientos.
