No hay sentencias condenatorias por delito de tortura en Jalisco: CEPAD

Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), menciona que pese a casos emblemáticos de tortura ocurridos en Guadalajara, como el de Giovanni López, hay total impunidad en la Entidad, por lo que es urgente iniciar el proceso legislativo para crear una Fiscalía Especializada contra la Tortura en Jalisco, como recientemente ordenó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Montiel recuerda que en los actos de represión ocurridos los días 4, 5 y 6 de junio de 2020 en donde más de 100 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sujeta a actos de tortura física y psicológica, y desaparecidas de manera forzada por elementos de la Fiscalía de Jalisco. Estos actos se suscitaron en el marco de las manifestaciones llevadas a cabo en Guadalajara, con el objetivo de exigir justicia por López, quien el 4 de mayo de 2020 fue detenido de manera arbitraria, torturado y ejecutado de manera extrajudicial por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

“A pesar de que ha sido una problemática documentada no se refleja en investigaciones, ya que existe 100% de impunidad, no hay sentencias condenatorias por ese delito. Las personas que han sobrevivido a estas acciones no tienen una reparación integral del daño”.

La codirectora del CEPAD remarca que desde el 2017 se estableció la obligación de crear una Fiscalía Especializada en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. “Más de seis años después no contamos con ella en Jalisco”.

Explica que uno los alegatos del Gobierno de Jalisco contra el amparo interpuesto contra esa omisión era que en el 2018 se creó la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, que depende de la Fiscalía de Jalisco. “Pero orgánica y estructuralmente no cuenta no autonomía e independencia. En el año 2023 se etiquetaron montos específicos, pero muchos años dependió de la Fiscalía General”.

Montiel abunda en que solicitaron información por Transparencia sobre los perfiles que laboraban en la unidad, pero les negaron los datos, pero en uno de los señalamientos contenidos en la resolución de la Suprema Corte es que carece de una especialización, y la Ley General dice que no sólo deben ser integradas por agentes, sino por servicios periciales.

“A la fecha, según la información que proporcionaron, no cuentan con servicios periciales. No han cumplido ciertas facultades como análisis de contexto, que puedan servir para procesos de integración y para políticas públicas de prevención de la tortura”.

Hasta septiembre del año pasado, solamente seis carpetas de investigación contra tortura se han judicializado.

Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.

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