El uso político de la desaparición y localización de Jaime Barrera

El caso de la desaparición y localización del periodista Jaime Barrera ha reflejado cómo estos eventos pueden torcerse políticamente, tal como ha sido durante todo el sexenio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez al abordar el tema de la desaparición de personas.

Tras la liberación del periodista, Alfaro Ramírez hizo declaraciones que pusieron “en duda” el fondo del caso. Algunas de ellas fueron:

“La información, a nosotros las autoridades, llegó siete horas después”.

“Fue hasta 20 horas después, que hubo alguien que dijo que había visto a personas privar de su libertad a Jaime”.

Y sobre todo: “Igual de importante es dar con los responsables y entender qué fue lo que pasó. Evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate. No fue un robo, no se robaron nada. No fue intento de homicidio. Fue otra cosa”.

Las declaraciones del gobernador contravienen los principios de la misma Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, como lo es la debida diligencia; es decir, que las acciones de búsqueda de una persona desaparecida deben iniciar de oficio sin dilación y de manera inmediata al tener conocimiento de los hechos mediante una denuncia, un reporte o noticia.

Un principio más que la legislación exhorta a evitar es la revictimización, la cual agrava la condición de las personas afectadas obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o los expone a sufrir un nuevo daño. Al dejar entrever en sus palabras, dudas en la comisión de un delito contra Jaime Barrera, el gobernador claramente viola el principio mencionado.

Además, la ley plasma que toda persona cuyo paradero o ubicación se desconozca tiene el derecho a ser buscada por parte de las autoridades, independientemente de la investigación por los hechos causantes de la desaparición.

Detrás de esa ignorancia consciente del gobernador se interpreta un trasfondo político o politización de las crisis a conveniencia, una de las estrategias que lo ha distinguido durante su carrera.

Teóricos y politólogos definen el concepto a la politización como la desviación intencional de la agenda pública con el fin de conseguir ventajas en términos de competencia de poder o, simplemente, nombrar un asunto como “político” definido por la interacción entre las demandas y visiones en conflicto, lo cual abre la controversia y las discusiones a favor o en contra.  

Muestra de ello es que el mismo día de la liberación del periodista y de la conferencia de prensa de Alfaro Ramírez, decenas de perfiles en redes sociales comenzaron a difundir versiones cuestionando la veracidad de la privación de la libertad de Barrera, insinuando que detrás del caso está la victimización de él y su familia con fines electorales o que el objetivo fue desacreditar al gobierno. No es la primera vez que sucede con una crisis similar.

Investigaciones periodísticas han informado que las empresas Eu Zen Consultores, Indatcom y La Covacha han creado espacios mediáticos que difunden contenido con características de propaganda y lanzan ataques en contra de personajes políticos o funcionarios. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó que los mensajes también se distribuían mediante cientos de cuentas creadas en redes sociales que funcionaban como “granjas de bots”.

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Estas empresas han recibido contratos millonarios de parte de los gobiernos municipales de Jalisco que han estado bajo control del partido Movimiento Ciudadano y, sobretodo, del Gobierno estatal.

En otros casos, el mismo Alfaro Ramírez también ha desviado la responsabilidad de las crisis en términos políticos. Por ejemplo, sobre la violencia en municipios localizados fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, ha afirmado que es provocada por grupos criminales de entidades limítrofes con Jalisco que ingresan a delinquir. Cuando uno de los cárteles más poderosos del planeta parece actuar en Jalisco con libertad.

O el caso más emblemático es el homicidio de Giovanni López, supuestamente cometido por policías municipales, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, en la cual el gobernador estableció medidas de uso de cubrebocas y convivencia limitada en espacios públicos y privados. El caso desató protestas en las calles; una de ellas el 4 de junio de 2020, donde hubo confrontación entre manifestantes y policías. El gobernador atribuyó la organización a “los sótanos del poder en la Ciudad de México” en referencia al partido Morena, que gobierna la capital del país.

Solamente un día después sucedieron las desapariciones forzadas de jóvenes manifestantes cometidas por personal de la Fiscalía Estatal. Sobre ellas, Alfaro Ramírez dijo que la orden no provino de ningún funcionario y reconoció que la institución estaba infiltrada por el crimen organizado.

Particularmente sobre el tema de los desaparecidos, el mandatario ha declarado que, de todas las víctimas, sólo el 10 por ciento desaparece por la comisión de un delito, “tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia (…) pero la estridencia es enorme, (…) lo demás tiene que ver con otras causas”.

Esto también requiere un análisis, ya que, como en el caso de Jaime Barrera, Alfaro Ramírez trata de argumentar que una desaparición siempre tiene como fin algún delito como robo o secuestro; idealmente se debería esclarecer el motivo de la privación de la libertad, pero eso sucede en muy pocos casos.

Desde diciembre de 2018, cuando comenzó la administración de Enrique Alfaro, han desaparecido 13 mil 435 personas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es verdad, que no todas continúan en ese estatus; va un dato que casi no se destaca mediáticamente: 6 mil 786 personas (50.51 % del total) fueron localizadas. Las cifras que el gobernador evade especialmente son las 978 que fueron localizadas sin vida, y las 6 mil 649 restantes que no han sido localizadas y se desconoce si hubo o no un delito ajeno a la desaparición que haya provocado la privación de su libertad o extravío.

De la misma manera, en varias ocasiones, el gobernador ha desacreditado la labor de las asociaciones civiles de familiares, víctimas y buscadores haciendo referencia a que sus intenciones al organizar grupos de búsqueda de eran inciertas:

“Hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué, yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar acompañadas de otro tipo de agenda que no conocemos”.

En pocas palabras, Enrique Alfaro Ramírez ha tenido como marca de gobierno la evasión de sus responsabilidades sin importar las veces que se muerda la lengua o escupa hacia arriba.

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