Las batallas por ganar para terminar la guerra del narcotráfico

Detrás del exterminio de personas relacionado a la criminalidad en México, que ha llegado a fondos cada vez más profundos, existen varias batallas que dificultan la conclusión de una guerra que tiene décadas disputándose, pero que son importantes resaltar para avanzar en la discusión y evitar limitarnos a la exposición de las tragedias, que no deja de ser importante pero sí reduccionista.
El hallazgo del sitio de inhumación de personas en el rancho Izaguirre de Teuchiltán sirve para explorar algunas de las más importantes.

La economía del crimen

El narcotráfico sigue siendo un delito que implica ganancias multibillonarias alrededor del mundo, y en México ha encontrado un florecimiento acelerado por las inequidades económicas y sociales, además de las omisiones, corrupción y colusión originadas desde el Estado.

Uno de los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas estimaba que la delincuencia organizada genera 870 mil millones de dólares por año, 486 veces el Producto Interno Bruto de México (PIB).

Además, los grupos del narcotráfico han expandido sus fuentes de ganancias hacia otros delitos de alto impacto y hasta ilegalidades fiscales. De hecho, se ha documentado que en algunos casos que sus ingresos son mayores en delitos fuera del narcotráfico, como: extorsión; traslado, comercio y venta ilegal de productos originalmente lícitos como medicinas, alcohol, recursos naturales o gasolina; trata de personas; tráfico de armas, fraude y robo.

Todos los delitos encuentran en el lavado de dinero la forma de “limpiar” las ganancias e insertarlas en transacciones legales. Algunos de los mecanismos que encuentran es la creación de empresas fantasma, las remesas o hasta las máquinas tragamonedas. 

Una investigación reciente centrada en las remesas de la asociación Signos Vitales expuso cómo en 227 municipios del país el número de operaciones (transferencias) supera al menos una vez el número de hogares y en 32 de estos municipios las operaciones, al menos, duplican el número de hogares; la mayor parte se ubica en Jalisco (15.4%), Michoacán (16.7%) y Oaxaca (12.3%). El crecimiento, indica el reportaje, no cuadra con el crecimiento de la migración legal ni ilegal. 

Datos del Institute for Economics & Peace indican que el impacto económico de la violencia a víctimas y gobierno, quienes gastan dinero en policías, acciones para resguardar su seguridad o en servicios médicos, psicológicos o reducen su productividad alcanza los 58 mil 758.19 pesos por persona, un 11.9% del PIB. A nivel mundial, México ocupa el lugar 28 de 163 países considerados por el Instituto con mayor impacto económico.

Reclutamiento forzado

Para sostener esta economía se requiere mano de obra reclutada mayoritariamente a la fuerza, por lo que aprovechan la impunidad imperante en los casos de desaparición para nutrir sus grupos con jóvenes precarizados que son engañados. 

Un artículo de Rafael Prieto-Curiel (Complexity Science Hub de Viena), Gian Maria Campedelli (Universidad de Trento, Italia) y Alejandro Hope (analista independiente), demostraron matemáticamente que los grupos criminales en México sumaban entre 160 mil y 185 mil miembros, con un promedio de reclutamiento anual de 19 mil personas. 

Indican que el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más trascendentes a nivel mundial cuenta con 31 mil integrantes. Con estas cifras prevén que aún con una reducción del 50% en sus integrantes, llevaría 10 años regresar a los niveles delictivos o de violencia que había en 2012 en México.

Detrás de las desapariciones se encuentran delitos de trata de personas y homicidios arbitrarios, que recientemente se han considerado exterminio de personas. 

Diversos reportajes lo han mostrado. Ilse Martínez desde 2018 revelaba inconsistencias en hallazgos y registros de fosas clandestinas. O Alejandra Guillén y Diego Petersen publicaron desde 2019 testimonios de personas que escaparon de centros de adiestramiento criminal. 

Los pendientes para pacificar el país

Mientras, en el índice global de paz, México ocupa el lugar 138 de 163 países. Comparado al pasado, va cayendo en el ranking debido al impacto del crimen organizado y a que se ha ralentizado la aplicación de las políticas destinadas a atender el problema. 

La impunidad detrás de la dominancia del crimen en México tiene varios orígenes y no es solamente la ineficacia de las autoridades, ya que muchas están coludidas. Los juicios que enfrentan o han enfrentado exfuncionarios o hasta ex militares en Estados Unidos es comprobante de ello.

Esta impunidad, explica el investigador de El Colegio Nacional, Claudio Lomnitz, empodera a los criminales que no sufren consecuencias, por lo que se genera una nueva estratificación de la violencia, en la que los grupos del crimen son superiores al resto de los grupos sociales. 

Al afrontar este panorama, la guerra luce lejos de terminar, considerando la profundidad en que el crimen ha incursionado en el tejido social y las cúpulas de poder político y empresarial que tiene sometidos. 

El concepto de “tejido social”, utilizado hasta el cansancio como una de las claves de la pacificación del país, tiene un abordaje especial para el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán: el tejido social se rompió al punto de que vecinos, residentes o visitantes de paso no quisieron intervenir por miedo a las consecuencias. 

Claudio Lomnitz, investigador de El Colegio Nacional, escribió en su libro “El tejido social rasgado” describe la metáfora de tejido como una tela delicada enlazada socialmente que, al ser como hilos, se pueden romper fácilmente. Y los niveles de violencia actuales han deshecho las relaciones de dependencia más íntimas, debilitando la comunidad. La desconfianza y el egoísmo dominan las relaciones comunitarias.

Opciones existen, en Colombia se logró un proceso de paz con las FARC, que si bien es perfectible, demostró que mediante negociaciones con mediadores imparciales y procesos de justicia y perdón, es posible pacificar regiones enteras. 

La discusión debe sobrepasar la crítica de la reacción gubernamental para señalar los puntos de solución de fondo, que someta, realmente, a toda persona involucrada. En cambio, seguiremos expuestos a ser el próximo desaparecido, inhumado o asesinado. 

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