Jalisco sigue sin mejorar en los indicadores clave que evalúan el funcionamiento de un Estado de Derecho, al no presentar cambios en el puntaje en la edición más reciente (2022-2023) del Proyecto de Justicia Mundial (PJW), presentados el pasado 7 de junio.
Nuevamente el Estado registra un puntaje de 0.38, igual que en la evaluación anterior, y el lugar 27 a nivel nacional. Los puntajes van de 0 a 1, donde 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho
El índice se consolida como el instrumento de medición más completo en México en materia de Estado de Derecho, ofreciendo datos actualizados y estructurados en ocho factores que enmarcan el concepto: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En nuestra Entidad, las peores calificaciones son ausencia de corrupción, con un puntaje de 0.32, y orden y seguridad, con 0.33. Y los factores mejor evaluados son gobierno abierto y derechos fundamentales, con un puntaje de 0.48 cada uno.
Según este análisis, los resultados “evidencian un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. Ningún Estado se acerca a la calificación idónea, lo que significa que todas las Entidades tienen aún retos pendientes”.
En un contexto de estancamiento y retos persistentes en la mayoría de las entidades, seis muestran un progreso sostenido en las cinco ediciones que han sido publicadas desde 2018. Estas entidades son: Querétaro, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas Sinaloa y Sonora.
Tras cinco ediciones, los datos muestran tres tendencias: continúa la contracción del espacio cívico con el debilitamiento de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al ejecutivo estatal; la seguridad es uno de los mayores retos con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva, aunque con una mejora importante en la percepción de la seguridad en las personas, y mientras que destaca la mejoría en el puntaje de 21 entidades en el sistema de justicia civil, por otra parte se registran retos persistentes en el sistema de justicia penal, siendo este factor uno de los más bajos.
