Una menor de edad se aventó de un albergue ubicado en Tlaquepaque debido a la depresión, ansiedad y discriminación que padecía. Lo grave es que estaba institucionalizada, es decir, que su tutela estaba a cargo del Estado de Jalisco.
Por ese motivo, el pasado 1 de noviembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la “Recomendación 22/23 por el suicidio de una adolescente institucionalizada quien se encontraba albergada en un Centro Terapéutico”, por la discriminación que vivió y que derivó en que se quitara la vida.
La joven se encontraba resguardada desde agosto del 2020, en un albergue de los denominados anexos, que funcionan bajo el modelo de comunidad terapéutica; se encontraba institucionalizada por el Estado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. «En ese lugar, la víctima se sentía abandonada y no se le apoyaba para construir un proyecto de vida; tampoco se le promovían redes de apoyo para lograr su restitución a la vida familiar. Además de que padecía discriminación por su orientación sexual», indicó la Comisión.
Según la CEDHJ, el resultado fue que presentaba constantemente depresión y ansiedad, situación que se agravó ya que fue discriminada por las directivas del lugar debido a su orientación sexual, y la castigaban por este motivo y fue expuesta a la humillación y escarnio de las demás compañeras albergadas.
“Todo lo anterior ocurrió ante la pasividad de la institución que tenía su tutela legal y conocimiento de la problemática. El mismo día que fue visitada por la psicóloga de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco (PPNNA), la adolescente subió al tercer piso del edificio y se arrojó al vacío. Resultó gravemente lesionada y ocho días después perdió la vida”, explicó la Comisión, aunque no precisó la fecha de su deceso.
Agregó que la defensoría demostró que, con sus acciones y omisiones, la Procuraduría no fue capaz de proteger a la víctima directa de la discriminación y la violencia interseccional que resulta de todas las categorías vulnerables que se cruzan entre sí.
“Esta Comisión comprobó que con su actuar, el personal de la PPNNA vulneró el derecho humano a la vida, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a la diversidad sexual libre de violencia, en específico en su tipo psicológico a través de la modalidad institucional, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y seguridad personal, a la igualdad y no discriminación, al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el debido cumplimiento de la función pública, en detrimento de la víctima directa”.
En el análisis también se descubrió que frecuentemente el paradigma que rodea a las mujeres que han estado en conflicto con la ley o inmersas en alguna conducta que la sociedad identifica como anómala o ilegal reproduce el rechazo y la discriminación de sus familiares, y en consecuencia no son visitadas en los centros.
«Para la sociedad estas mujeres han roto el pacto social donde deben comportarse bajo la moral establecida por la construcción social o de lo contrario son fuertemente rechazadas y abandonadas. Se observa el mismo fenómeno en las niñas y adolescentes internas en estos centros terapéuticos para las adicciones».
Recomendación 22/23 CEDHJ
