Todo el poder del Estado contra vecinos de Mirador de San Isidro

El poder del Estado debería favorecer los intereses de los vecinos en Mirador de San Isidro, Zapopan, y cancelar el proyecto Legado Jalisco que contempla la construcción de centenas de departamentos en un terreno donado para usarse como un área verde; sin embargo, el Estado ha ejercido todo su poder en favor de sus propios intereses y en contra, y a pesar de, las personas a las que representa. 

A diferencia de otras luchas ciudadanas donde se enfrenta directamente un funcionario o dependencia, los vecinos de Mirador de San Isidro han padecido del autoritarismo privatizado que distingue a los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC), y que fue respaldado también por otros grupos políticos de oposición.

El autoritarismo naranja se ejerce bajo presiones de intereses privados que elevan el grado de violencia a la que recurren para alcanzar sus objetivos. Ejemplos pasados y recientes sobran, por mencionar algunos: 

• El desarrollo Gran San Rafael y los vecinos de Jardines de la Paz
• El terreno del Parque Huentitán donde se planea construir el desarrollo de Iconia. 

En ambos casos, el poder se ha ejercido con violencia, desalojando a vecinos que defienden los terrenos y así satisfacer intereses particulares de autoridades o de empresarios. Paralelamente, desacreditan la lucha de vecinos, arguyendo que son alentados por otros grupos políticos, como lo afirmó la Coordinadora Estatal de MC en Jalisco, Mirza Flores, en el caso de Mirador de San Isidro.

Autoritarismo, luego diálogo

Esta reacción del Estado es característica de gobiernos totalitarios y autoritarios que ven en la resistencia ciudadana un obstáculo para gobernar. Por lo que las crisis se gestionan desde la punta más alta de la élite política, sin considerar las afecciones que puede generar a las personas que gobiernan. 

Una particularidad más del conflicto en Mirador de San Isidro es la aparente vaguedad de los responsables de haber cedido el terreno para la construcción de los departamentos, contrariamente a su uso como área verde establecido en el acuerdo de donación del terreno. Esto también es una forma violenta de ejercer el poder, ya que la identificación personal de los responsables es imposible ante una burocracia con miles de rostros. 

Algunos de ellos sí son reconocibles. Desde el Congreso de Jalisco, todos los diputados de todos los grupos políticos votaron a favor del decreto que incluía el proyecto Legado Jalisco, seguramente como un intercambio de otros favores políticos que no benefician a nadie más que a ellos mismos. Ahora que se detonó la inconformidad vecinal, la oposición de Morena (por mencionar a la más representativa) demanda respeto a las exigencias vecinales, cuando jamás mostraron interés o su desacuerdo con el proyecto que ellos validaron. 

Mientras, desde las alcaldías y Gobierno del Estado apuestan a que la atención se concentre en el IJALVI, instancia encargada de gestionar el proyecto, aunque finalmente desde el Gobierno de Jalisco se puede reformar el decreto y el Ayuntamiento de Zapopan puede negar el permiso de edificación, pero hasta el momento sólo enviaron a representantes a abrir estériles mesas de diálogo. 

Aliviar la enfermedad con la misma medicina

Existen resistencias ciudadanas que han doblegado los intereses político-privados. El ingrediente secreto es la paciencia y la ciudadanización de la política. 

Las coyunturas político-electorales son una oportunidad para someter a quienes buscan ocupar puestos de poder a intereses realmente ciudadanos y que, eventualmente, reviertan las decisiones del grupo dominante anterior. 

El caso reciente más claro es la presa El Zapotillo, una obra que durante años tuvo decenas de procesos legales que alargaron su finalización, aun con la presión de los gobiernos federales y estatales para terminar la obra que inundaría a las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. 

Con el paso del tiempo y el posicionamiento político-electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador, terminó por aceptar las condiciones de los grupos en resistencia y la presa se edificó bajo sus términos, y no los que se pretendían imponer. Lo anterior no significa confiar en la “bondad” de los políticos, sino aprovechar los contrapesos y las coyunturas en beneficio ciudadano.  

Lección aprendida

El conflicto en Mirador de San Isidro puede marcar un hito de participación ciudadana y generar conciencia para mantenerse informado, atento y al pendiente de las decisiones que toma el Estado en todos sus niveles y cómo se ejerce el poder en sus tres divisiones: legislativo, ejecutivo y judicial.

Entre la politización y desinformación que abunda en las decisiones de gobierno, siempre hay oportunidad de involucrarse de forma activa y forzar una gobernanza real que ponga a los ciudadanos en la cúspide del poder y no en el fondo.